Hace escasos meses el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) solicitó al Ministerio del Interior que los tres requisitos inicialmente exigidos a los terroristas para acceder a la denominada "Vía Nanclares" -1. Efectuar una declaración expresa de repudio de la violencia y separación de la banda; 2. Realizar una petición expresa de perdón a las víctimas; y 3. Hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos- se completaran con un cuarto -Colaborar activamente con las autoridades para el fin del terrorismo-, coincidiendo de esta forma con los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento del tercer grado penitenciario o de la libertad condicional.
Basamos nuestra petición en el hecho de que para el acceso a la Vía Nanclares a los responsables de la política penitenciaria parecía bastarles con que el etarra de turno firmase un papel en el que dijese desvincularse de la banda y pidiese perdón a las víctimas, no exigiéndolelo que para toda víctima es fundamental: que haya una colaboración del terrorista con las autoridades para paliar las consecuencias de sus delitos y conseguir el final del terrorismo. Las víctimas podremos discrepar si queremos o no el perdón de los asesinos de nuestros familiares, pero en lo que todas estamos de acuerdo es en requerir la citada colaboración.
Hay voces que dicen que no es posible exigir dicha condición a presos que llevan muchos años en prisión porque desconocen la situación actual de la banda y no pueden aportar datos a la lucha antiterrorista. Esta afirmación denota una falta total de conocimiento sobre la materia. Si se analiza la ley, veremos como una de las formas de colaboración con las autoridades es la identificación de los responsables de delitos terroristas para su captura y procesamiento, cuestión que cobra una especial dimensión si se tiene en cuenta que de los 858 asesinatos cometidos por ETA más de 300 se hallan sin resolver. ¿No va a resultar posible exigir a pistoleros históricos o a antiguos jefes de la banda que identifiquen a los autores de los atentados como requisito previo para acceder a ciertos programas de reinserción? ¿Alguien puede creerse que en una organización estructurada como es ETA solo el autor del asesinato tiene conocimiento del mismo?Para eso, y con dicho fundamento, fui ayer a la cárcel de Zaballa. Fui a pedir a Valentín Lasarte-asesino de mi hermano- que colabore con las autoridades en la identificación de los responsables de los delitos terroristas y con ello, entre otros extremos,en la resolución de los crímenes sin resolver.
Si el Gobierno tiene libertad para establecer los requisitos de acceso a dicha vía, al no venir, al contrario que los beneficios penitenciarios, impuestos por la Ley, debería exigir la citada colaboración a aquellos terroristas que en estos momentos gozan de privilegios por todos conocidos. De esta forma, como venimos repitiendo, nos ahorraríamos ejemplos como el del etarra "arrepentido" Valentín Lasarte, condenado por siete asesinatos y dentro del programa de la "Vía Nanclares", que se negó a identificar al también etarra Juan Ramón Carasatorre ante la Audiencia Nacional como coautor de distintos atentados, siendo este último absuelto por falta de pruebas; negándose igualmente hace escasos días a identificar a García Gaztelu por el asesinato del Inspector Jefe de la Policía Nacional Enrique Nieto. O el caso de Kepa Pikabea, autor de 20 atentados, y también en la Vía Nanclares, que guarda silencio ante la petición de una de sus víctimas, el Teniente de la Guardia Civil Miguel Madariaga, para que facilite las pruebas necesarias que le permitan la reapertura de su sumario.
En un momento en que la banda está limitada en sus actuaciones por la acción judicial y policial, no resulta acorde a la realidad reconocer privilegios por el simple hecho de firmar un papel. Para asesinos con cientos de años de condena y sin salida social alguna es muy sencillo servirse de este mecanismo con el objeto de reducir y flexibilizar su estancia en prisión. No debe bastar con una mera formalidad, es necesario una implicación cierta, y esta se consigue a través de la colaboración con las autoridades.
Estamos ante una de las páginas más negras de nuestra democracia: la historia de terror de ETA. No debemos pasarla avalando la impunidad. El Estado no puede dejar de exigir el requisito de la colaboración, y no debe fomentar la flexibilidad en el cumplimiento de las penas. Dicen que estamos llegando al fin de ETA, si eso es cierto que sea el fin para todos, incluidas esas familias que a día de hoy no saben nada del asesinato de sus familiares, lo que les conculca su derecho a la justicia y les limita en materia de acción protectora.
Sé, -sabemos- que adoptar esta posición nos valdrá que ciertos sectores nos califiquen de vengativos y de negar la reinserción de los presos. Nada más lejos de la realidad.
En ningún caso cabe hablar de venganza en las víctimas del terrorismo, especialmente cuando ninguno de nosotros se ha tomado la justicia por su mano, constituyendo ello un fenómeno calificado por Penalistas de la talla de Antonio Beristaín como un "milagro heroico". Lo que queremos las víctimas del terrorismo no es venganza, es Justicia. En un momento en que tanto nos hablan de paz resulta preciso recordar que difícilmente puede llegarse a la paz sin pasar necesariamente por la Justicia, y ello no podrá conseguirse si se avalan cientos de crímenes sin resolver.
Tampoco negamos la posibilidad de reinserción de los presos, lo que negamos es el actual plan de reinserción. Consideramos, aún reiterándonos, que los terroristas que deseen reinsertarse deben colaborar en el fin del terrorismo, debiendo ser este un requisito de ineludible cumplimiento. Faltan a la verdad quienes se oponen a esta exigencia argumentando que la reinserción es un derecho de los presos no sometible a condición, amparándose para ello en que la finalidad constitucional de la pena es la reinserción. Como han destacado el TC y el TS"el artículo 25. 2 de la Constitución Española no contiene un derecho del preso a la reinserción sino un mandato al legislador y a la administración para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos"; señalando igualmente "que la reeducación o reinserción social no es el único fin de la pena, sino que esta ha de armonizarse con la exigencia de justicia y con otros principios, particularmente el de la prevención especial, que en delitos muy graves se combina también con criterios retributivos de la pena". Desde dicho punto de vista, en cuanto ciudadanos directamente afectados, entendemos que cabe insistir en los requerimientos realizados.
Desgraciadamente, dichos requerimientos no encuentran contrapartida ni en el caso del Ministerio del Interior ni en el caso de Valentín Lasarte.
El Ministerio del Interior no solo ha desoído nuestra petición de exigir la colaboración de lo terroristas como condición exigible, sino que, inclinándose ante las tesis nacionalistas, apoyadas por el Gobierno Vasco, ha flexibilizado los requisitos requeridos hasta ahora reduciéndolos a uno solo: la mera declaración de separarse de la banda servirá para que los terroristas se integren en el plan de reinserción y cumplan sus condenas en prisiones del País Vasco.
El denominado "programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley", diseñado por el Ministerio de Interior, señala que,"para la admisión de un interno en el programa, éste deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido o con la que ha estado relacionado". Nada se dice del perdón, salvo que la víctima vaya a un encuentro con el terrorista, ni de la asunción de responsabilidad civil y mucho menos aún de lo que me ha llevado a acudir a la prisión de Zaballa: la colaboración del terrorista.
En el caso de Valentín Lasarte, todas y cada una de las preguntas que le he hecho, dirigidas a la identificación de responsables de delitos terrorismo,no han sido contestadas. Ni las preguntas relativas a los atentados cometidos por la banda cuando estaba en libertad y de los cuales se puede suponer, dada el área geográfica de comisión, un conocimiento de los mismos. Ni las relativas a quien ordenó o en su caso inspiró el atentado de mi hermano, o de los policías, políticos o ciudadanos asesinados en aquella época.
Desde este punto de vista la Vía Nanclares o el nuevo plan de reinserción, que no es sino una flexibilización del anterior, no sirven para afrontar uno de los problemas más acuciantes de las víctimas del terrorismo: los más de 300 casos sin resolver. Mantener a un grupo de etarras, entre los cuales se encuentran los más sanguinarios de la banda, en condiciones especiales sin una contrapartida clara, y sin una implicación directa en la solución de dicho problema, califica por si sola la reinserción pretendida.
Cuando el 20 de octubre de 2011 ETA anuncio el denominado"cese definitivo de su actividad armada", desde COVITE señalamos "No queremos que, por una conciencia malentendida, la derrota de ETA se convierta en el triunfo de su proyecto político y que la impunidad de los crímenes sea la moneda de cambio de un comunicado hecho cuando la banda se encontraba asfixiada y derrotada". La realidad actual nos refleja el triunfo político del proyecto terrorista con la legalización, gracias a determinados sectores políticos e institucionales, de los partidos que lo representan, y ello sin que ETA se haya disuelto. La pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿asistiremos también a la impunidad de los crímenes? En el camino estamos y no será por los esfuerzos de las víctimas.